La duración de las Zonas Francas sería de 30 años,
prorrogables por 30 años más
La normativa
en materia de prórrogas de las Zonas Francas, desde la vigencia de la Ley 1004,
tiene su génesis en el artículo 392-2, señalando de manera expresa que la
duración de las Zonas Francas sería de 30 años, prorrogables por 30 años más,
sin que de manera alguna fuese contemplada diferenciación entre las Zonas
Francas Permanentes y las Zonas Francas Permanentes Especiales, ni tampoco
requisitos adicionales para acceder a dichas prórrogas en materia de inversión,
empleo y mucho menos, por supuesto, en materia de exportaciones.
Atendiendo
los criterios contemplados en los decretos 383 y 4051 reglamentarios de dicha
ley, donde se han declarado la inmensa mayoría de las Zonas Francas, se
diseñaron proyectos estructurados con base en proyecciones financieras cuyos
supuestos han venido siendo modificados por el gobierno, en detrimento de tales
inversionistas y de toda la cadena de valor que generan, principalmente en
cuanto a: i. la importación (introducción de materias primas e insumos), ii. la
generación importantísima de empleos directos, indirectos y vinculados; iii. la
prestación de servicios de todo tipo (desde servicios de salud, portuarios,
como maquilas, BPO etc.), iv, los encadenamientos productivos; v. la
exportación al resto del mundo de bienes y servicios.
Posteriormente,
el 23 de diciembre de 2016, se expidió el Decreto 2147, modificatorio de parte
de la normativa sobre el régimen franco, donde de manera desafortunada y con
criterios diferenciadores jamás enunciados en la normativa primigenia, se
limitó el tiempo de existencia de las Especiales a máximo 30 años, incluida la
prórroga.
El proyecto
de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para
comentarios, se refiere a la posibilidad de que dicha entidad, por medio de la
Comisión Intersectorial, autorice prórrogas a las Zonas Francas Permanentes y
Especiales bajo requisitos imposibles de cumplir y ajenos a los proyectos
empresariales. En efecto, el proyecto contemple criterios tales como: i. la
participación en las cadenas de valor, ii. Esfuerzos en I +D, iii. Importancia
del Capital humano Calificado, y iv. Resultado de invenciones, los cuales
desconocen la realidad económica (cadenas globales de valor) y educacional del
país (importancia del capital humano calificado), y aun peor, no señalan criterio
alguno sobre qué es bueno, que es deseable y con cuánto se “pasa”.
Además de lo
anterior, el proyecto contempla requisitos en materia de inversión y empleo
adicionales, con lo cual pareciera que el Ministerio y los promotores de este
proyecto, no entendiesen que una prórroga para una Zona Franca no se solicita
para doblar la capacidad instalada de una Clínica u Hospital en materia de
pacientes, equipos y empleados ni tampoco para ensanchar una planta al doble de
lo inicialmente obtenido, so pretexto absurdo de duplicar maquinaria e
incrementar los empleos de manera exponencial. Las prórrogas se solicitan para
poder consolidar los negocios, lograr un equilibrio financiero, mantener la
producción de las compañías, estabilizar las condiciones laborales, ingresos y
bienestar de los empleados directos, indirectos, vinculados y sus familias,
continuar honrando las obligaciones fiscales con el gobierno, tanto desde el
punto de vista empresarial como individual, en materia de renta, IVA, ICA,
entre otros muchos factores de la mayor relevancia.
El proyecto
pues, así concebido, refleja en mi opinión, una violación a los principios de
buena fe y confianza legítima, consagrados en normas constitucionales y
diversas sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de
Estado, y lo más grave, envía un mensaje de inestabilidad jurídica gravísimo a
los inversionistas y emprendedores que han decidido hacer empresa en nuestro
país y con ella, dinamizar de manera general la economía.
Confiamos en
que sea reconsiderado de manera integral este proyecto, que se archive y que se
fortalezca e incentive el régimen franco, cuyas bondades, entre otras en
materia de generación de empleo, atracción de inversión y fortalecimiento del
encadenamiento productivo, están plenamente demostradas. Fuente: La Republica.
