Hace unas semanas el Departamento Nacional de Planeación publicó un borrador de decreto que pretende modificar, tanto en plazo como en distribución, las vigencias futuras previamente aprobadas. La iniciativa genera alarmas entre el sector privado, por lo que desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, junto con seis exministros, elevaron una carta para alertar por los riesgos de implementar esta medida.
En la misiva firmada por dos exministros de transporte, Ángela María Orozco y Germán Cardona, junto con cuatro extitulares de hacienda: José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, le advierten al gobierno que la medida tendría consecuencias penales, pero que también deja en el limbo el desarrollo de algunas obras.
Según la carta, el objetivo de redistribuir vigencias futuras es una labor que solo le compete a la Rama Legislativa, no la Ejecutiva, por lo que el proyecto genera dudas sobre su constitucionalidad, además que compromete los modelos de las Asociaciones Público – Privadas.
“Su articulado contradice los planteamientos -recientemente esgrimidos- por la Contraloría General de la República, en cabeza del señor Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, en un control de advertencia según el cual las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”, advierte el comunicado.
Los exministros alertan que la medida será demanda por parte de los concesionarios, tomando en cuenta que el Estado estaría incumpliendo con acuerdos y contratos firmados con los sectores privados que intervienen en los distintos proyectos.
“De expedirse, el decreto también pondría en riesgo la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas, que no solo se utiliza para la financiación y construcción de carreteras; es además fundamental al momento de desarrollar infraestructura social, tan necesaria para la disminución de la desigualdad en el país”, señala la carta.
Entre los riesgos, los exministros señalan que algunos proyectos dejan en riesgo el desarrollo de varios proyectos, como por ejemplo la vía El Estanquillo – Popayán, ya que la financiación de la obra depende de las vigencias futuras, y que entre otras cosas afectaría el proceso licitatorio, porque se perdería la confianza por parte de los inversionistas, dejando el corredor en el limbo.
“Tiene que ver con el hecho de que, ciertamente, el gobierno no tocará las vigencias de El Estanquillo – Popayán, por cuanto se trata de su proyecto bandera en materia vial. Pese a ello, el periodo del presidente Petro finaliza en menos de un año y por ello el próximo mandatario -al amparo del mismo decreto, si es expedido- quedaría facultado para redistribuir los recursos de esta iniciativa, lo cual afectaría su cabal ejecución”, concluye el comunicado. Fuente: Diario La República.