
Ante los múltiples reclamos que surgieron en los últimos días, el Gobierno nacional modificó el proyecto de decreto que había generado preocupación entre economistas, expertos tributarios y representantes del ecosistema digital, ya que inicialmente proponía una retención en la fuente del 1,5% para todas las transacciones electrónicas; entre ellas, al recién inaugurado Bre-B.
Por su parte, el director de la Dian, Carlos Betancourt, indicó que la revisión del proyecto respondió a un proceso de retroalimentación amplio y estructurado. Según informó, dentro del plazo normativo se recibieron más de 170 comunicaciones con observaciones sobre la propuesta de unificación del 1,5%.
La mayoría de estos comentarios advirtió que una retención generalizada podría tener efectos adversos sobre el uso de medios electrónicos y generar incentivos contrarios a la formalización.
Debido a ello, Betancourt explicó que muchos de los aportes coincidieron en que la medida podía impulsar nuevamente el uso de efectivo, lo que afectaría la trazabilidad de las operaciones y dificultaría los procesos de control tributario y a su juicio, esa trazabilidad “es una herramienta útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”, por lo que un retroceso en materia de digitalización sería contraproducente para los objetivos de la administración tributaria.
El funcionario reiteró que la motivación inicial del decreto estaba orientada a corregir la asimetría regulatoria entre los distintos ambientes de pago del país. Sin embargo, reconoció que la adopción de una tarifa del 1,5% podía generar distorsiones no previstas sobre el comportamiento de los usuarios y sobre la dinámica del ecosistema digital y con el cambio a una tarifa del 0%, se mantiene la intención técnica, pero se eliminan los riesgos advertidos por los actores consultados.
Ambas entidades enfatizaron en que el ajuste regulatorio busca enviar un mensaje de estabilidad a los usuarios y empresas que han migrado hacia sistemas electrónicos de pago durante la última década; teniendo en cuenta que la expansión de las billeteras digitales y los instrumentos de bajo valor ha sido uno de los pilares del avance en inclusión financiera, y el Gobierno reconoce que cualquier desincentivo podría afectar ese progreso.
