Ante los múltiples reclamos que surgieron en los últimos días, el Gobierno nacional modificó el proyecto de decreto que había generado preocupación entre economistas, expertos tributarios y representantes del ecosistema digital, ya que inicialmente proponía una retención en la fuente del 1,5% para todas las transacciones electrónicas; entre ellas, al recién inaugurado Bre-B.

De acuerdo con un comunicado conjunto del sector Hacienda, esta tarifa será ajustada para establecer un cobro del 0%, con el fin de no afectar el uso de los pagos digitales ni la inclusión financiera que el país ha impulsado en los últimos años.

El Ministerio de Hacienda explicó que el objetivo técnico de la propuesta original era unificar el tratamiento fiscal entre los pagos realizados con tarjetas débito y crédito y aquellos efectuados a través de billeteras digitales o sistemas de bajo valor como Nequi, Daviplata, dale! y la infraestructura de pagos inmediatos Bre-B. Según la cartera, la intención de equiparar normativamente estos mecanismos se mantiene, pero no bajo una tarifa de retención.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la decisión responde tanto a criterios técnicos como a un ejercicio de escucha ciudadana y explicó que “la intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago se mantiene, pero ya no según una retención del 1,5% sino una retención del 0%”.

Ávila destacó que el cambio es coherente con la línea del Gobierno del Cambio, que busca reforzar la transparencia y la equidad fiscal mediante la participación ciudadana. En sus palabras, la decisión refleja el compromiso de “escuchar la voz de los ciudadanos” y ajustar las medidas cuando estas generan preocupaciones legítimas en sectores técnicos y productivos.

Por su parte, el director de la Dian, Carlos Betancourt, indicó que la revisión del proyecto respondió a un proceso de retroalimentación amplio y estructurado. Según informó, dentro del plazo normativo se recibieron más de 170 comunicaciones con observaciones sobre la propuesta de unificación del 1,5%.

La mayoría de estos comentarios advirtió que una retención generalizada podría tener efectos adversos sobre el uso de medios electrónicos y generar incentivos contrarios a la formalización.

Debido a ello, Betancourt explicó que muchos de los aportes coincidieron en que la medida podía impulsar nuevamente el uso de efectivo, lo que afectaría la trazabilidad de las operaciones y dificultaría los procesos de control tributario y a su juicio, esa trazabilidad “es una herramienta útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”, por lo que un retroceso en materia de digitalización sería contraproducente para los objetivos de la administración tributaria.

El funcionario reiteró que la motivación inicial del decreto estaba orientada a corregir la asimetría regulatoria entre los distintos ambientes de pago del país. Sin embargo, reconoció que la adopción de una tarifa del 1,5% podía generar distorsiones no previstas sobre el comportamiento de los usuarios y sobre la dinámica del ecosistema digital y con el cambio a una tarifa del 0%, se mantiene la intención técnica, pero se eliminan los riesgos advertidos por los actores consultados.

Ambas entidades enfatizaron en que el ajuste regulatorio busca enviar un mensaje de estabilidad a los usuarios y empresas que han migrado hacia sistemas electrónicos de pago durante la última década; teniendo en cuenta que la expansión de las billeteras digitales y los instrumentos de bajo valor ha sido uno de los pilares del avance en inclusión financiera, y el Gobierno reconoce que cualquier desincentivo podría afectar ese progreso.

De igual forma, acotaron que la decisión también refuerza el objetivo de modernización del sistema financiero, pues promueve mecanismos electrónicos que permiten mayor eficiencia y seguridad en las transacciones y por eso, con la nueva versión del decreto, Hacienda y la Dian buscan equilibrar equidad tributaria, transparencia y desarrollo digital, sin frenar la adopción de herramientas que han ampliado el acceso a servicios financieros.

Por último, el Gobierno insistió en que la clave es fortalecer el uso de medios digitales sin imponer cargas adicionales que afecten la confianza de los usuarios y destacó que con la tarifa del 0%, se mantienen las señales de incentivo y se evita un impacto negativo en un sector considerado estratégico para la modernización económica del país. Fuente: Portafolio.