17 de abril de 2026.
El Gobierno colombiano alista un ajuste arancelario que elevaría tarifas hasta el 75% a productos provenientes de Ecuador, en respuesta a la escalada comercial iniciada por ese país, que ha impuesto gravámenes de hasta el 100% a importaciones colombianas. La medida, contenida en un borrador de decreto que modifica el 0170 de 2026, busca defender la producción nacional y mitigar el impacto sobre el comercio exterior.
Escalada arancelaria entre Colombia y Ecuador intensifica tensión comercial
En este contexto, Colombia responde con un esquema de aranceles recíprocos que se ubican en niveles de 35%, 50% y hasta 75% para una amplia lista de productos ecuatorianos. La medida se sustenta en el principio de reciprocidad y en la necesidad de restablecer condiciones de competencia frente a decisiones que el Ejecutivo considera contrarias a los compromisos del comercio internacional.
El decreto también plantea que las acciones de Ecuador constituyen una violación del Acuerdo de Cartagena, que rige a la Comunidad Andina, así como del principio de Nación Más Favorecida de la Organización Mundial del Comercio. Según el texto, estas restricciones “causan un serio perjuicio a los productores nacionales” y afectan el equilibrio del mercado regional.
Impacto en comercio exterior y caída de exportaciones
Por el lado de las exportaciones, el impacto sería aún más pronunciado y se proyecta una caída del 79%, equivalente a cerca de USD$1.452 millones menos en ventas externas hacia ese país. Además, de los principales productos exportados, al menos doce dejarían de comercializarse completamente en el mercado ecuatoriano, lo que evidencia la magnitud del choque.
Cabe resaltar que la afectación no se limita a un sector específico; puesto que la lista de subpartidas incluidas en el decreto abarca bienes agrícolas, industriales y manufacturados, lo que implica una disrupción en múltiples cadenas productivas. Este alcance amplía el impacto potencial sobre empresas que dependen del comercio bilateral y que enfrentan un entorno de mayor incertidumbre.
Medida urgente con argumentos de seguridad nacional
Por otra parte el borrador de decreto indica que el proyecto se sometió a publicación por un periodo de cinco días, al considerar que una mayor demora “habría resultado manifiestamente incompatible con la finalidad, eficacia y oportunidad de la medida”; lo cual deja claro que hay una intención de aplicar una respuesta rápida frente al deterioro del entorno comercial.
El decreto entraría en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026 y contempla una revisión en un plazo de dos meses por parte del Comité de Asuntos Aduaneros y de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio; con lo cual, esta disposición abre la puerta a eventuales ajustes en función de la evolución de la relación bilateral y de los efectos observados en el mercado. Fuente: Portafolio.