La financiación de infraestructura se refiere al proceso de obtener recursos para construir, mantener y operar proyectos relacionados con infraestructura para la prestación de servicios públicos.

De acuerdo con Mónica Cubillos, asociada senior de Banca y Finanzas de Baker Mckenzie, esta puede provenir de diversas fuentes: del Gobierno, a través de presupuesto público, tributos, emisiones de bonos y subvenciones; del sector privado, mediante inversiones privadas aportes de capital, financiamiento corporativo, financiación de proyectos, emisiones de valores a nivel local e internacional, entre otros.

Al igual que de organismos internacionales, a través de bancos de desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo y fondos internacionales; así como de los usuarios, a través de tarifas, peajes, tasas o cuotas de servicio.

El papel de los peajes

En cuanto a la relación entre los ajustes de los precios en los peajes y la financiación de infraestructura, según los expertos, tratándose de proyectos carreteros, es directa, ya que son una de las principales fuentes de retribución en los contratos que desarrollan proyectos viales.

“Los ingresos obtenidos de los peajes se destinan directamente a financiar la construcción, mantenimiento y operación de las carreteras. En el caso de concesiones viales, estos recursos permiten a las empresas privadas recuperar las inversiones realizadas, garantizar la sostenibilidad de los proyectos y obtener parte de la remuneración pactada por desarrollar el proyecto”, dice Mario Alejandro Forero, director de Infraestructura de Brigard Urrutia.

Y añade que, en el modelo de los contratos de concesión, son una herramienta clave para asegurar la viabilidad financiera de los proyectos.

Además, ajustar las tarifas garantiza que los concesionarios puedan cubrir costos operativos y cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de concesión y de contratos suscritos con los acreedores que proveyeron la financiación del proyecto.

“Respetar el alza de estos peajes tal como se pactó en los contratos garantiza que los ingresos de los concesionarios son suficientes para cubrir los incrementos en los costos de los proyectos, que suelen estar atados al Índice de Precios al Consumidor IPC o al incremento de salario mínimo, e igualmente aseguran el retorno esperado de la inversión por los concesionarios”, concluye Cubillos.

No obstante, esta alza tiene un impacto significativo tanto en los usuarios como en las empresas, afectando sus costos, hábitos de consumo y la dinámica económica en general.

“A pesar de esto, el alza de los peajes garantiza que se mantenga el valor del dinero en el tiempo y que, por lo tanto, dichos recursos continúen siendo suficientes para llevar a cabo las actividades propias de la operación y mantenimiento de los proyectos carreteros”, concluye Forero.

Desarrollo económico

Forero, señala que el desarrollo de proyectos de infraestructura impacta directamente en el desarrollo económico y social de un territorio por diferentes razones.

“Impulsa el desarrollo económico al reducir los costos logísticos y mejorar la conectividad. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura de transporte benefician sectores clave como la agricultura, industria y comercio al permitir un mejor acceso a mercados nacionales, y permite cerrar brechas de desigualdad entre regiones, atrayendo inversión privada nacional y extranjera”, dice Forero.

Según los expertos consultados, el desarrollo de este tipo de proyectos requiere de la intervención de diversas áreas del derecho debido a la multiplicidad de asuntos que deben ser revisados.

Entran a interactuar normas de contratación pública, fiscales, ambientales, regulatorias, de servicios públicos, financieras, cambiarias, de seguros, entre otras, que los asesores legales deben revisar con cuidado a lo largo de la vida del proyecto.

“En líneas generales, además de la Constitución Política, que es norma rectora de nuestro ordenamiento jurídico, las principales normas a mirar son la Ley 1508 de 2012 (Ley de Asociaciones Público-Privadas -APP-) que regula el mecanismo que permite al sector privado tener un papel clave en la financiación, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura”,
 añade Forero. Fuente: Portafolio.