La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en representación de siete gremios del sector logístico y comercial del país, remitió una solicitud conjunta a las Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para priorizar en la agenda legislativa el trámite del nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera.
La comunicación oficial, suscrita el 27 de mayo de 2026, busca evitar un vacío regulatorio ante la proximidad del vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional para la expedición de esta ley.
El requerimiento agrupa a importadores, exportadores, agencias de aduanas, operadores logísticos y transportadores, quienes advierten sobre el riesgo jurídico y fiscal que afrontaría la Nación si no se aprueba el articulado a tiempo.
La urgencia de la solicitud radica en los términos dispuestos por la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, tribunal que estableció como fecha límite improrrogable el 20 de junio de 2026 para que el país cuente con un nuevo régimen sancionatorio aduanero tramitado mediante ley de la República y sancionado por el Presidente de la Nación.
Aunque las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto por unanimidad en primer debate el pasado 19 de mayo de 2026, la iniciativa requiere aún superar el segundo debate en las plenarias de ambas corporaciones, la respectiva conciliación de textos y la sanción del Ejecutivo de forma consecutiva.
Ante este panorama, las agremiaciones firmantes —entre las que se encuentran Analdex, Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT— solicitaron formalmente que el proyecto normativo sea incorporado en el orden del día de las plenarias de la próxima semana, específicamente a más tardar el 2 de junio de 2026 como segundo punto de la agenda diaria.
“Estamos ante una verdadera carrera contra el tiempo. Si el Congreso no acelera este trámite, las consecuencias jurídicas y fiscales para el país serían muy graves”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.
De acuerdo con los datos técnicos incorporados en la exposición de motivos del proyecto de ley, la ausencia de un nuevo régimen sancionatorio obligaría a la aplicación del principio de favorabilidad constitucional contemplado en el artículo 29 de la Carta Política.
Bajo este escenario legal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se vería obligada a archivar un volumen considerable de investigaciones y litigios en curso, dejando sin sustento jurídico acreencias que suman aproximadamente 7,07 billones de pesos. La distribución de estos procesos incluye:
- Procesos en etapa de investigación de fiscalización: 8.250 expedientes por una cuantía de 3,25 billones de pesos.
- Procesos en discusión administrativa: 148 casos que representan 1,07 billones de pesos.
- Procesos judiciales aduaneros activos: 2.453 litigios por un valor de 2,74 billones de pesos.
Adicionalmente, la expiración del marco legal vigente generaría una imposibilidad de orden operativo para adelantar procedimientos de aprehensión de mercancías, declaraciones de decomiso y liquidación de sanciones ordinarias, reduciendo la capacidad de respuesta institucional frente a las redes informales de distribución.
El diagnóstico gremial advierte que el desabastecimiento de herramientas sancionatorias debilitaría las acciones de control frente al fenómeno del contrabando en el país.
Las estimaciones de los centros de pensamiento económico del sector indican que el ingreso ilegal de mercancías en el territorio nacional ronda anualmente los 8.225 millones de dólares, una cifra equivalente a 31 billones de pesos o al 1,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.
Este comportamiento delictivo genera un desbalance en las finanzas del Estado, con una pérdida calculada en el recaudo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) externo y aranceles aduaneros cercana a los 10,4 billones de pesos al año. Fuente: El Tiempo.